La primera respuesta de los Sindicatos Mayoritarios a la Reforma Laboral del gobierno del PP, es la manifestación prevista para el próximo domingo 19 de febrero, en las principales capitales del Estado. Los Sindicatos tenemos que despertar la conciencia social adormecida de la clase trabajadora como consecuencia de un consumismo desmedido. La falsa sensación de clase media que una gran parte de la población ha tenido durante los últimos años, ha desaparecido afortunadamente, con la Reforma Laboral de Mariano Rajoy. Es ahora el momento de regresar a la concienciación social de que los derechos laborales mínimos que deben tener los trabajadores no son moneda de cambio de ningún gobierno. Esta concienciación social debe ser orquestada por los Sindicatos dejando de una vez por todas de ser una comparsa de la clase política y socios subvencionados de la patronal. El sindicalismo debe despojarse de ataduras ideológicas para dejar de ser marioneta del gobierno de turno.
SOBRE LA REFORMA LABORAL DEL GOBIERNO DE MARIANO RAJOY
Análisis de la reforma por Francisco Javier García Páez
Gabinete Jurídico del Sindicato Andaluz de Conductores
Una vez ganadas las elecciones por el PP y se anunciase por Rajoy que instaba a la patronal y a Sindicatos a que negociaran una nueva reforma laboral, cualquier cosa y nada buena podía esperarse. La falta de acuerdo estaba cantada, ya que el Gobierno tenía muy claro lo que hacer y lo que ha hecho es terminar de desmontar el sistema de legislación laboral y de protección de los derechos laborales de que se ha gozado en los últimos 30 años, más bien lo poco que quedaba, ya que las reformas de 1994 y 2010 dejaron muy cercenado el régimen laboral fijado en 1980 con la aprobación del Estatuto de los Trabajadores.
Esta reforma no va a garantizar que los niveles de desempleo de nuestro país dejen de serr lo más altos de Europa, pero lo que sí allana más que la recuperación económica son muchos años de beneficio empresarial, ya que a la fuerza del trabajo solo le llegarán las migajas.
El momento es único, ya que si la patronal no aprovecha este momento esta desregulación del Derecho del Trabajo nunca la iba a tener. Jamás el principal partido de centroizquierda tiene tanto desprestigio. Durante más de 7 años nos ha gobernado un inepto, rodeado de una corte de incompetentes y aún mas ineptos si cabe. Nunca como ahora los Sindicatos Mayoritarios se hallan tan desprestigiados, ya que durante todos estos años de crisis han padecido una suerte de autismo y de narcolepsia que le era suministrada en sus venas a base de generosísimas dosis de subvenciones.
Tocando dos o tres cositas se ha barrido de un plumazo todo el Derecho Laboral, regresándose al siglo XIX y al contrato de arrendamientos de servicios. La reforma se basa en una serie de falsedades que a fuerza de repetirse una y otra vez llegan a ser creídas como verdad.
Primera falsedad que el mercado laboral español es poco flexible y no ayuda a la creación de empleo. Desde 1994 nuestro mercado laboral español es cualquier cosa menos rígido, como lo demuestran el uso y abuso de la contratación temporal y del contrato a tiempo parcial y la hasta ahora regulación de la clasificación profesional permitía un amplio margen de cambio de funciones sin que las mismas sean constitutivas de movilidad funcional.
La flexibilidad no casa con el importe de un despido improcedente, por lo que su abaratamiento facilita precisamente el despido. A esa verdad de perogrullo, sin embargo, se le ha estado dando la vuelta por la patronal y los medios de comunicación conservadores, sin que haya habido una respuesta en su contra. Para ello ha bastado la comparación con el resto de países europeos, diciendo que España es el país europeo con el despido más caro, comparándonos con Alemania donde la indemnización por despido a lo máximo que puede alcanzar es un año de salarios. Pero se olvida el porqué se ha tenido un despido de 45 días de salario por año de servicios con un máximo de 42 mensualidades y esa razón no es otra que España ha tenido y tiene un desempleo que dobla a la media europea. En países como Alemania que han tenido pleno empleo y que lo vuelven a tener ahora, una indemnización de 45 días es un despropósito, ya que para el trabajador no le es necesaria una indemnización alta, puesto que no tardará en volver a tener empleo, por lo que la indemnización tiene como fin resarcirle de un despido injusto, es más un resarcimiento moral que una condena con contenido económico. Pero en España no se puede hacer eso, despedir a alguien, sobre todo, a partir de cierta edad es condenarle de por vida al ostracismo, truncarle su futuro y el de su familia. Echar a alguien con una mano delante y otra detrás de forma injusta además es una doble injusticia, la indemnización tiene una finalidad compensatoria de los ingresos que se dejan de percibir como consecuencia de un despido injustificado. La comparación entre distintos países europeos con realidades económicas tan distintas es una falacia. En el momento más alto de la bonanza el desempleo llegó a alcanzar el 8,9% en España. Alemania alcanzó esa tasa de desempleo para ellos preocupante en el momento más álgido de la crisis. La misma tasa de desempleo que para Zapatero permitió afirmar antes de la crisis que se alcanzaría el pleno empleo, para los alemanes era en plena crisis una tasa de desempleo de pesadilla.
El abaratamiento del despido es doble. No solo se pasa de una indemnización de 45 días por año con un máximo de 42 mensualidades a uno de 33 días por año con un máximo de 24 mensualidades, sino que se suprimen los salarios de tramitación, que solo se devengan en el caso de que se opte por el empresario por la readmisión.
Con respecto a los despidos objetivos por falta de adaptación del trabajador y por faltas de asistencia se facilitan los mismos, ya que con respecto al primero se suprime el periodo de espera de 2 meses desde que se produjo la modificación técnica operada en el puesto de trabajo. Para compensar esto se obliga al empresario a ofrecer al trabajador el curso de adaptación si el cual no puede extinguirse el contrato. Con respecto a la extinción por faltas de asistencia, se deroga la vinculación a que el absentismo laboral de la plantilla del centro de trabajo al que pertenece el trabajo exceda del límite hasta ahora fijado que era el 2,5%.
Con respecto a los despidos por causas económicas, organizativas, técnicas y de producción ha supuesto la puñalada más profunda al sistema laboral español. El despido objetivo es ahora más objetivo que nunca y es válido aunque con los despidos que se acuerden se propicie que el propio proyecto empresarial se vaya a pique. Los despidos por causas económicas se decía por la jurisprudencia no amparan el beneficio económico, sino la viabilidad del proyecto empresarial. Ahora se ampara no solo el beneficio económico, sino la incompetencia empresarial, las más bajas razones capitalistas para desmantelar una cadena de producción y redirigirla allí donde sea más rentable en términos salariales y fiscales, incluso si se apura la nueva regulación ampara hasta las conductas delictivas como las quiebras fraudulentas. La supresión de la finalidad a perseguir con tales despidos como la viabilidad empresarial, la mejora de la competitividad en el mercado y el mantenimiento de los puestos de trabajo, es sin duda alguna, el mayor ataque que se haya hecho hasta ahora de los derechos de los trabajadores. Si no fuera esto poco la decisión de los despidos la tiene el empresario, al suprimirse la autorización de la Autoridad Laboral. Se mantiene la tramitación previa a los ERE, pero como mera pantomima, ya que carece de virtualidad alguna desde el momento que una de las partes, la empresa, termina erigiéndose en juez y parte. Es una desgraciada consecuencia del escándalo de los ERE en la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Este escándalo impide alzarse con fuerza ante esta reforma de los despidos colectivos, porque la Consejería de Empleo ha sido un cortijo para el PSOE y sus allegados y un escándalo de estas características no era de extrañar a la vista de cómo se han ido desarrollando los distintos ERE que nos hemos ido enterándonos por la prensa. La Autoridad Laboral, o lo que es lo mismo, Empleo de la Junta, ha sido cualquier cosa menos neutral a la hora de autorizar o no un ERE. Se han movido por razones políticas y no en función de si mediaban o no las causas alegadas por el empresario. Forzaban a las partes a llegar a un acuerdo y propiciaban sobre todo las prejubilaciones y lo que se vendía como solución al problema social de un ERE de importancia era en realidad la puerta a la cueva de Alí Babá.
La tercera pata de la reforma es la de la negociación colectiva. Lo que hace es profundizar en la de Zapatero de Junio de 2011, introduciendo lo que no se atrevió a hacer éste y demandaba la patronal.
Yo estaba de acuerdo con aquella reforma, ya que le quitaba soberanía a los grandes Sindicatos, mientras que los pequeños tenían un papel en la negociación que hasta ahora se les negaba. El problema es que a esa reforma de la negociación colectiva como se le pegue una nueva vuelta de tuerca, ya deja de ser un instrumento útil e interesante para convertirse en el agujero negro donde van a terminar de desaparecer los derechos laborales. Esta vuelta de tuerca la tenemos ahora. Con la desregulación que padece el actual derecho laboral, son los convenios colectivos el último bastión de los derechos laborales. Zapatero había propiciado un escenario en que los Sindicatos pequeños podía erigir estos bastiones de lo que fue en su día el Derecho Laboral, negociando convenios de empresas que recogieran derechos laborales beneficiosos para los trabajadores. Rajoy cercena esta posibilidad, atando de pie y manos los Convenios Colectivos que podían hacer los Sindicatos pequeños y dejando la negociación colectiva en manos del empresario.
Se facilita el descuelgue del Convenio por causas económicas, organizativas, técnicas y de producción y lo que es peor de todo se deroga la ultractividad, de tal forma que si transcurridos 2 años desde el inicio de la negociación colectiva, el Convenio Colectivo que ha expirado su vigencia dejará definitivamente de estar vigente, siendo de aplicación el Convenio de ámbito superior, o en el peor de los casos irse al SMI. Con este panorama al Sindicato pequeño que trate de negociar un Convenio se le arrincona contra la pared y se le fuerza quiera o no a firmar cualquier cosa, ya que la otra alternativa, no firmar, es aún peor para el colectivo de trabajadores.
En definitiva, se ha producido una subversión peligrosa en el mundo de las relaciones laborales, ya que el derecho laboral por definición está creado para proteger a los trabajadores como parte más débil de la relación laboral, esta reforma es un peligroso anatema ya que parte de la falacia de que es el empresario la parte más débil.
Del nuevo contrato de fomento de la contratación qué decir. Un nuevo contrato, más absurdo y extravagante que los articulados hasta ahora de fomento del empleo indefinido, y que correrá su misma suerte, es decir, su escasa utilización. Lo de que tenga un periodo de prueba de un año, es simplemente un insulto a la inteligencia.
De los ERE en las Administraciones Públicas, tengo que decir que aquí se coge las mentiras del nuevo Gobierno. Se ha pregonado por éste para justificar la reforma laboral que la salida de las empresas de la crisis se ha saldado por medio de despidos, sin explorarse otras salidas que no signifiquen despidos, como la suspensión de los contratos, las reducciones de jornadas, las distintas movilidades, etc. Sin embargo, cuando se aplica los ERE a las Administraciones Públicas es tan solo para despedir, pero se impide para el resto de medidas modificativas. Es claro que esta reforma favorece los despidos y el empobrecimiento del puesto de trabajo para facilitar la explotación del trabajador. Es un viraje a la peor derecha en materia laboral que nos podíamos esperar con el agravante de la falta respuesta por parte de los Sindicatos, carentes de fuerza sindical y moral para alzarse frente a este despropósito que rompe la paz social.
Con respecto a esto último, la aplicación a las Administraciones Públicas del llamado derecho laboral de crisis, era una necesidad imperiosa. Los casos sangrantes como el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, donde durante décadas se ha estado contratando sin control a amigos, simpatizantes y afiliados al partido en el gobierno de turno, o a representantes de ciertos colectivos de la ciudad con fines electoralistas, han puesto a este Ayuntamiento en el caos absoluto. La eliminación del sobredimensionamiento de ciertos ayuntamientos solo puede operarse desde fórmulas análogas a los ERE, pero permitiendo la alternativa a medidas suspensivas y modificativas del contrato de trabajo, como alternativa a las extinciones, algo que no permite esta reforma y, sobre todo, introduciendo la posibilidad de que los responsables políticos del sobredimensionamiento irresponsable de las plantillas, como el caso del Ayuntamiento de Jerez, sean responsables directos del abono de las indemnizaciones que se estipulen en esos ERE, siendo la Administración Pública responsable subsidiaria. Sólo así se justificaría los ERE en las Administraciones Públicas.
Los sindicatos y la clase trabajadora deben oponerse vigorosamente contra esta reforma que es un ataque directo y frontal a sus intereses. La reforma ha de ser derogada en su integridad, salvo los ERE en las Administraciones Públicas, siempre y cuando se establezca esa responsabilidad económica directa y con carácter retroactivo en el abono de las indemnizaciones que correspondan a los responsables políticos responsables de la contratación irregular y desmedida en las Administraciones Públicas y admitiéndose medidas suspensivas y modificativas como alternativas a los despidos colectivos.
La respuesta de los Sindicatos mayoritarios de que actuarán en función de la respuesta de la calle, es la antítesis de lo que debería ser el sindicalismo y esa postura nos ha puesto en esta situación. Es la organización sindical la que debe movilizar, despertar las conciencias, lanzarse a la lucha ante atropellos como éste. La crisis no es justificación de nada, sino el chantaje emocional con el que se trata de justificar el que se vuelvan a llenar los bolsillos quienes han creado esta crisis: unos empresarios y una banca sin escrúpulos y una clase política incompetente, corrupta e irresponsable. Los Sindicatos no pueden convertirse en meros palmeros de esta grave injusticia social, de este retroceso de siglos, sino que deben comportarse como la organización sindical que se presume que son y organicen la lucha de la clase trabajadora. Y esto es tan radical como la reforma que tenemos encima de la mesa.
